La trágica muerte de un niño en la localidad malagueña de Totalán ha ocupado amplios espacios informativos en los medios de comunicación. Pues bien, el pozo en el que cayó el niño no tenía el preceptivo permiso de la Junta de Andalucía, porque ni siquiera se había solicitado. Quizá esta triste tragedia pueda contribuir a disminuir el caos predominante en casi toda España en relación con el inventario de pozos, públicos o privados.

Repetidas veces se ha dicho y escrito que la gestión de las aguas subterráneas suele ser  caótica y después de más de 30 años de aplicación de la Ley de Aguas de 1985 en no pocas demarcaciones hidrográficas prácticamente se desconoce el inventario de aprovechamientos públicos y-o el catálogo de pozos privados. Vale la pena analizar las causas de esta situación.

En primer lugar esto se debe al deficiente conocimiento que tuvo el legislador sobre la importancia que tenía en España el uso de las aguas subterráneas  que le llevó a introducir una cláusula que permitía la continuación de las captaciones de aguas privadas a perpetuidad aunque establecía la necesidad de crear los correspondientes inventarios de todo tipo de captaciones: un Catálogo para las privadas y un Registro para las públicas. Pues bien, después de más de treinta años de aplicación de la Ley, el cumplimiento de esos requisitos legales es escaso, en general. La situación el acuífero terciario de Madrid es un buen ejemplo. Las causas de esta situación pueden deberse unas veces a la negligencia de los propietarios de los pozos y otras al mal funcionamiento de las comisarías de aguas.

Como anécdota ilustrativa de los fallos de las comisarías circula la divertida respuesta de un usuario que solicitó en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir el permiso para realizar un sondeo de investigación y recibe la contestación 17 años más  tarde pidiéndole que envíe su DNI. Esta divertida anécdota, aparte de ser una muestra del sentido del humor de los españoles, ilustra bien la falta de medios y de formación con que los organismos de cuenca recibieron la nueva normativa que obligaba a unas tareas para las que no estaban preparadas.